Ya comenzó marzo, y con este mes empieza un evento muy importante para nuestro sector. Nada más y nada menos, que una nueva cuenta regresiva hacia la finalización del convenio PAMI-Industria, el próximo 31 de marzo.

No es la primera vez que en nuestras editoriales abordamos la temática, ya que llevamos más de quince años trabajando bajo un convenio cerrado entre PAMI y la Industria, del cual el sector farmacéutico tiene escasa participación. Sin embargo, este año parece complicarse todo aún más debido a que las negociaciones más importantes son entre la industria y el gobierno a nivel de la Vice-Jefatura de gabinete y donde no hay participación del sector farmacéutico.

Primereando

El 18 de diciembre el PAMI publicó en su Boletín Oficial (Ver) una resolución en la que manifiesta su decisión de cambiar desde abril del 2018 el sistema de procesamiento, validación y auditoría de recetas, que hasta ahora se realizaba por la empresa FARMALINK, y que desde esa fecha se hará, con el sistema que usa actualmente la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA).

¿Esto qué significa? Que la industria, la misma que produce y pone precio a los medicamentos, ahora no tendrá el control -mediante FARMALINK- de la base de datos del convenio más grande de medicamentos del país. En reiteradas oportunidades desde esta Filial denunciamos como una incongruencia del sistema que fuera la Industria quien manejara la auditoria de los medicamento de PAMI. Ahora el PAMI será quien administre su propia base de datos a través del sistema provisto por FEFARA.

Convenio en discusión

Más allá de esta modificación, que aún no fue puesta en práctica, como cada año existe mucha incertidumbre sobre cómo será el nuevo convenio en un escenario económico tan complejo como el que se encuentra transitando nuestro país.

Según versiones del PAMI, la propuesta sería hacer una modificación en la prestación donde se establezcan “precios de referencia por droga”, una “disminución de los precios de los medicamentos” y así poder bajar los costos que la Obra Social de los jubilados le genera al Estado. Esa premisa, trae consigo un sinfín de interrogantes.

¿A qué medicamentos tendrán acceso los jubilados?, ¿cuánto pagará el PAMI las prestaciones?, ¿qué farmacias seguirán atendiendo?, ¿con qué condiciones las farmacias podrán seguir atendiendo el convenio?, ¿quién realizará el servicio de auditoría y sistemas?, ¿cómo se realizarán los pagos?, ¿qué aporte deberá hacer el afiliado?, ¿y la farmacia?, ¿quién/es formarán los precios de los medicamentos?

Nosotros

En este contexto, de incertidumbre y alarma somos conscientes que debemos desarrollar algunas acciones para ver si podemos inclinar la balanza –aunque sepamos que estas negociaciones son estrictamente políticas y económicas- a nuestro favor. Ya que en caso contrario nos encontraríamos en un momento crítico para nuestro sector. Hemos visto y leído el proyecto que trabaja la Jefatura de Gabinete Nacional y sabemos que sus planteos son inviables.

En ese sentido, entendemos como medidas necesarias y urgentes por un lado achicar el stock de medicamentos exclusivos de PAMI hasta que no haya definiciones contundentes y por otra parte validar de manera exclusiva desde Colfarma para poder poner de manifiesto nuestro peso como entidades.

Creemos que desde estas pequeñas acciones podemos ir construyendo nuestro reclamo para generar condiciones de dispensa digna y solvente. Sabemos que el gobierno quiere achicar el gasto que genera PAMI sin tener titulares negativos en los medios de comunicación que los debiliten de cara a 2019, y entendemos que en nuestras farmacias debemos estar muy atentos a las novedades que se vayan produciendo en torno a próximo convenio ya que se pueden producir cambios importantes en la prestación originando pérdidas económicas importantes para nuestro sector.